Claudia Gafner-Rojas

Derecho ambiental - Derechos humanos

El Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares de 2017: ¿Un acuerdo simbólico o un modesto comienzo?



15 de febrero de 2018

Sin bombo ni platillo se adoptó el 7 de julio de 2017 el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A pesar de las devastadoras consecuencias humanitarias y ambientales que provoca una sola detonación intencional o accidental de una de estas armas, éstas eran, hasta ahora, las únicas de destrucción masiva cuya prohibición no estaba regulada en un tratado internacional. Las armas bacteriológicas fueron prohibidas en 1972 y las armas químicas en 1992. Si bien había tratados relacionados con las armas nucleares, como son el Tratado de 1968 sobre no proliferación de armas nucleares (TNP), el Tratado de 1967 para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe y el Tratado de 1967 sobre una zona libre de armas nucleares en el Pacífico Sur, éstos no comprenden una prohibición generalizada en la materia.

A pesar del boicot ejercido por las potencias nucleares, la negociación del Tratado de 2017, que había sido convocada por la Asamblea General de la ONU en 2016, culminó con la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. En la negociación del Tratado participaron 129 países. Se trata sin duda de un número considerable y representativo de Estados, sin embargo, la no participación de otros países como los miembros de la OTAN y en particular los nueve con significativa capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel, obliga a preguntarse qué efecto tendrá el tratado en la práctica: ¿se quedará simplemente en un acuerdo simbólico o tendrá alguna repercusión positiva?

Obviamente la ausencia de las potencias nucleares en el Tratado no pone las cosas fáciles. ¿De qué sirve comprometerse a no usar armas nucleares por parte de Estados que no las tienen ni tampoco tienen interés en ello? Adicionalmente, considerando los ímpetus del gobierno de algunos Estados como Corea del Norte, los obstáculos para involucrar en el proceso de desarme nuclear a los países verdaderamente afectados se aprecian enormes.

No obstante, desde otro punto de vista, si se recuerda que algo similar sucedió cuando se adoptaron los Tratados sobre prohibición de armas biológicas de 1972, de armas químicas de 1992 o con el Tratado de Ottawa sobre prohibición de uso, producción y almacenamiento de minas antipersonales que entró en vigor en 1999, es posible ser optimistas. Originalmente dichos tratados no contaron con una gran participación de Estados y hoy en día su estatus de firma y ratificación se ha ampliado considerablemente. Con respecto al último de ellos, en particular, Estados Unidos sigue sin ser parte de él, pero ha alineado su política en la materia en la dirección del contenido del instrumento internacional. Además, los impulsores del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de 2017 (TPAN) sostienen que su aprobación contribuirá a estigmatizar estas armas y a convencer poco a poco a sus poseedores de la conveniencia de prohibirlas. Desde esta perspectiva se puede afirmar que el Tratado constituye un avance significativo y una esperanza de que éste sea el comienzo del desarme nuclear.

El argumento defendido por el Presidente de EE.UU., Donald Trump, y secundado por las demás potencias nucleares para no prohibir el uso de las armas nucleares, consistente en que hay que estar preparados para reaccionar contra los Estados que desarrollan y poseen estas armas, no es nada prudente. Si se trata de responder a un ataque atómico con otro del mismo tipo, ¿cómo quedaría el planeta y la vida que en él se aloja? Frente a este panorama no hay “proporcionalidad” que valga la pena.

En cuanto al argumento de algunos opositores del Tratado sobre Prohibición de las Armas Nucleares, como Francia, Reino Unido, EE.UU. y Rusia, de que éste debilitaría la aplicación del TNP es abiertamente contradictorio, ya que justamente uno de los objetivos principales de dicho tratado es llegar a la prohibición de las armas nucleares, contemplado en el art. 6 del TNP y que dispone que: “Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional”.

A grandes rasgos, el TPAN establece obligaciones generales y amplias dirigidas a la prohibición del desarrollo, pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares. Establece, además, la obligación de los Estados de asistir a las víctimas del uso o ensayo de armas nucleares y de restablecer el medio ambiente afectado por estas actividades. El instrumento incluye adicionalmente procedimientos para que los países con armas nucleares que quieran sumarse declaren y destruyan sus arsenales.

El 20 de septiembre de 2017 se abrió el TPAN a la firma en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y entrará en vigor 90 días después de que 50 naciones lo ratifiquen. Colombia y Argentina son los únicos países de Latinoamérica que no han firmado el tratado. El caso colombiano, particularmente, ha recibido merecidas críticas por ello. Con un Presidente galardonado con el Premio Nobel de la Paz, sería políticamente correcto que se procediera cuanto antes a la firma del tratado para contribuir como ejemplo a ampliar la opinión sobre su conveniencia.

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Imagen: Isabella Gafner (10 años)