Claudia Gafner-Rojas

Derecho ambiental - Derechos humanos

¿Qué desarrollo es este?

La Corte Constitucional Colombiana reconoce los efectos negativos de El Cerrejón



11 de mayo de 2017

No es que antes tuviéramos dudas de que el gigante carbonífero en La Guajira contamina y causa estragos en los pueblos indígenas de la región, lo que sucede es que ahora este extremo es reconocido judicialmente.

La Corte Constitucional Colombiana publicó en marzo de este año su Sentencia T704/2016, en relación con la tutela interpuesta por la Comunidad Indígena Media Luna Dos de la etnia Wayúu contra la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la empresa El Cerrejón. La Corte consideró en este fallo que la explotación de carbón a cielo abierto realizada por la empresa, afecta el medio ambiente y la salud de los habitantes de la región, en especial, de las comunidades ubicadas en la zona de Malla Norte y Media Luna (Guajira).

Evidentemente este gigante carbonífero causa enormes efectos negativos y no es de extrañar tratándose de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, que produce aproximadamente 33 millones de toneladas de carbón al año y utiliza 17 millones de litros de agua al día. Tales efectos comprenden la afectación e incluso extinción de cursos y fuentes de agua debido a la desviación de cauces y apropiación de caudales para el funcionamiento de la empresa; la extinción de especies entre ellas plantas sagradas de los pueblos indígenas de la zona; vulneración de derechos como la salud e incluso la vida de los miembros de estos pueblos por alteraciones genéticas, enfermedades digestivas y respiratorias; desplazamiento forzado de pueblos ancestrales a causa de las denominadas y desafortunadas “reubicaciones” y por la necesidad de buscar mejores lugares para sobrevivir debido al deterioro de sus entornos naturales, lo que ha llevado a que muchas personas se desplacen a las ciudades terminando, en la mayoría de los casos, en la indigencia; destrucción de viviendas y ruidos constantes e insoportables debido a la sísmica que generan las explosiones en la mina que funciona sin pausa; y en general menoscabo de los derechos ambientales y culturales de dichos pueblos.

Frente a este panorama cabe preguntarse si este es el desarrollo que se desea para una región, que en los últimos años se ha convertido en una de las más pobres del país. Desde luego la situación no encaja con los postulados del desarrollo sostenible, si entendemos por éste, tal como se recalca en los foros nacionales e internacionales de decisión, como aquel que considera y respeta los aspectos sociales, ambientales y económicos. Lo único que parece sostenible en el caso de El Cerrejón son las ganancias que recibe la multinacional, de las que la región y sus habitantes poco se benefician. Adicionalmente los aspectos ambientales y sociales prácticamente quedan ignorados.

No en vano ordenó la Corte en su fallo a la empresa implementar en conjunto con las comunidades afectadas “un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona, para lo cual, deberá compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas”.

Además, la Corte ordenó, tutelando el derecho fundamental a la consulta previa, “DEJAR SIN EFECTOS la Resolución Nº 0428 del 7 de mayo de 2014 que modifica el Plan de Manejo Ambiental Integral establecido mediante Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005, en el sentido de autorizar la ejecución y puesta en marcha del proyecto “Expansión de Puerto Bolívar”, hasta que se realice el trámite consultivo”.

Adicionalmente, la Corte mandó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revisar el Plan de Manejo Ambiental Integral de todo el proyecto minero “El Cerrejón” y sus consecuentes resoluciones, de conformidad con las motivaciones de la sentencia y dispuso que en dicha revisión “deberá analizar si el Plan de Manejo Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto. En este trámite deberá GARANTIZAR los derechos de participación de toda la población que pueda verse comprometida por dicha revisión, y, en todo caso, cuando se afecten directamente derechos de comunidades indígenas, el mecanismo de participación que deberá implementar será la consulta previa”. 

A esta decisión llegó la Corte tras analizar de forma amplia y profunda la legislación nacional, incluyendo lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y que ha sido incorporado al ordenamiento interno; las características de la empresa El Cerrejón y de los pueblos indígenas que habitan la zona; además por supuesto de evaluar las pruebas de afectación "visibles e identificables", la Corte concluyó que la contaminación se produce por varias vías y que "es evidente la afectación por contaminación debido a las partículas de carbón a las que están siendo sometidas las personas, la fauna, la flora, el agua, el suelo y el recurso aire, hacia el área que habitan las comunidades que se encuentran en la zona de Malla Norte y Media Luna, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited- Cerrejón por emisiones provenientes de Puerto Bolívar (…)".

Si bien, con esta decisión, la Corte ordena medidas necesarias y deseables frente a la delicada situación descrita, queda abierta una pregunta: ¿como es posible que el Estado haya permitido la operación EL Cerrejón sin haberse llevado a cabo nunca una consulta previa con los correspondientes pueblos indígenas, siendo esto obligatorio en la normativa interna e internacional?

Por último, lo que viene ahora es que se verifique el cumplimiento de la sentencia. En este sentido la Corte ordenó que “La empresa El Cerrejón deberá enviar informes periódicos, en plazos no mayores a tres meses cada uno, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Riohacha. Esto con el fin que se efectúe el monitoreo sobre el cumplimiento del presente fallo, conforme lo previsto por el artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991”. Así, es imprescindible seguir atentos a cómo se desarrolla el acatamiento de esta decisión judicial tan importante para los pueblos wayúu y en general para el patrimonio ambiental y cultural del país.


El blog de Claudia Gafner-Rojas Copyright © 2018                             Claudia Gafner-Rojas  rojasrojasrojas@hotmail.com                                 Inicio