Claudia Gafner-Rojas

Derecho ambiental - Derechos humanos

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¿Por qué un derecho humano al medio ambiente?


22 de marzo 2017

                                   


Sin duda el deterioro ambiental que experimenta el planeta es actualmente una de las mayores preocupaciones actuales de la humanidad. La contaminación en todos los medios, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y en especial el alarmante cambio climático con sus nefastas consecuencias no dejan indiferente a nadie. Pero ¿qué es lo que verdaderamente nos mueve a reclamar un derecho humano al medio ambiente?

En los diferentes foros académicos y de decisión se oye hablar y se discute sobre el “derecho humano al medio ambiente”. E incluso se reclama su positivación y protección. A nivel internacional este derecho no está reconocido expresamente, excepto en el sistema africano de protección de derechos humanos, particularmente en el artículo 24 de la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos. Adicionalmente, sobre su naturaleza no hay consenso, por lo que vale la pena hacerse algunos cuestionamientos, empezando por cuáles son los valores a proteger que justifican la positivación de un tal derecho; en qué eventos un individuo o un grupo recurre a hacer valer este derecho; qué es lo que lo o los mueve a hacerlo: el afán por la protección del medio ambiente como tal o la necesidad de proteger intereses particulares que se ven afectados o amenazados como la salud, la propiedad, la vida privada y familiar etc.; y qué es lo que garantiza este derecho que otros mecanismos jurídicos dejan al descubierto o no pueden conseguir.

Hay que reconocer que la pretensión de positivar el derecho humano al medio ambiente, como reivindicación actual, comporta básicamente una lógica preocupación de las presentes generaciones por solucionar los acuciantes problemas de deterioro ambiental que afectan al planeta y al mismo tiempo la inquietud por preservar los intereses de las futuras generaciones en este ámbito.

La importancia del tema se centra en términos generales, en la influencia que ejerce la protección del derecho al medio ambiente en la creación de un marco adecuado para el ejercicio de otros derechos reconocidos como el derecho a la vida, a la salud, etc. Adicionalmente, se considera que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y del derecho al desarrollo como derechos humanos, por cierto, íntimamente relacionados, es fundamental para la superación de problemas globales de condiciones de vida, como la erradicación de la pobreza, la presión demográfica, la salud, la nutrición, la habitación, etc.

Con base en las anteriores consideraciones, una aproximación a la definición del derecho humano al medio ambiente podría ser aquel derecho dirigido a garantizar el mantenimiento o la generación de las condiciones necesarias para que se haga efectiva la dignidad humana y se permita el desarrollo de la persona.  Es decir, que lo que se pretende no es un medio ambiente perfecto, entre otras cosas porque esto es físicamente imposible, sino un medio ambiente que no ponga en riesgo o afecte negativamente la existencia de las personas.

En vista de que ésta es en todo caso una aproximación teórica a la definición del derecho que se analiza, y con el fin de acercarse de forma más precisa a las cuestiones planteadas, valdría la pena evocar un ejemplo concreto. Para estos efectos, el célebre caso López Ostra c. España que falló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 1994 puede resultar muy útil. Los hechos de la demanda se basan en los graves trastornos de salud que le causaron a la demandante, Gregoria López Ostra, las emanaciones que provenían de una depuradora instalada a pocos metros de su casa y que le obligaron a cambiar de domicilio. En realidad, la demandada, evidentemente afectada por la contaminación ambiental provocada por la depuradora, no pretendía como último fin la protección del medio ambiente, sino que se le protegieran sus intereses particulares, en especial, la salud. Lo que sucede es que como el derecho a la salud no está contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la demanda y la sentencia del Tribunal, con el fin de proteger de alguna manera los derechos de la demandante, centraron la argumentación en la posible violación del artículo 8 de la Convención que hace referencia al derecho a la vida privada y familiar.

Como en este caso, casi en general cuando se recurre a los tribunales para hacer valer el derecho al medio ambiente, en el fondo está la salud humana, como interés jurídico más afectado en situaciones de deterioro ambiental. Sin desconocer el efecto positivo sobre la protección o la reparación ambiental que podrían tener las sentencias que reconozcan un eventual derecho humano al medio ambiente, ni pretender sacar una conclusión definitiva, en la mayoría de situaciones en que se ven afectados intereses humanos en virtud de una inadecuada protección del medio ambiente, tales intereses podrían ser incluidos en derechos humanos reconocidos, como podría ser el derecho a la salud o incluso el derecho a la vida. En efecto, el reconocimiento judicial de derechos humanos cualesquiera que sean, en relación con circunstancias de daños ambientales, comporta un impacto provechoso para la protección ambiental, pues normalmente se habrán de adoptar medidas dirigidas a detener aquella actividad que genera al mismo tiempo la degradación ambiental y la consecuente violación de derechos.

Me inclino a considerar las razones prácticas y éticas en torno al tema, lo que me llevan a opinar que resulta más conveniente considerar el derecho al medio ambiente como interés – más específicamente como interés difuso –, que como derecho humano. De esta manera, cualquier persona podría acceder a exigir la protección del medio ambiente sin tener que demostrar la vulneración de sus intereses particulares. Adicionalmente, una consideración así tendría más eficacia de cara a la prevención – como principio básico de la protección ambiental –, a diferencia de lo que ocurriría si se tratara de un derecho humano, que operaría fundamentalmente frente a daños ambientales ya causados.

En cualquier caso, es preciso reflexionar, en primer lugar, acerca del hecho de que el medio ambiente es un bien jurídico digno de protección per se y no sólo en función del ser humano, que entre otras cosas es sólo un componente más del ecosistema global; y, en segundo lugar, sobre la idea de que la proclamación de un derecho al medio ambiente constituiría la nota más alta del antropocentrismo, que en gran parte ha sido el origen del actual deterioro ambiental.

 

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