Claudia Gafner-Rojas

Derecho ambiental - Derechos humanos

Es urgente defender a los defensores

¿Aportará el Proyecto de Acuerdo Regional Americano sobre el Principio 10 de Río al ejercicio del derecho a la participación ambiental sin correr peligro de muerte?


15 de agosto de 2017

En 2016, fueron asesinados 200 defensores de la tierra y el medio ambiente en 24 países del mundo, de acuerdo con el Informe de 2017 “Defender la Tierra” de la Organización Global Witness. Según este informe el 60% de estas muertes se verificó en América Latina y se ha podido comprobar que de los 120 líderes asesinados en la región, 33 previamente se opusieron o cuestionaron proyectos relacionados con el sector minero y petrolero; que 23 antes de morir enfrentaron actividades vinculadas a la extracción forestal; 23 al sector agroindustrial; 18 se opusieron a la caza ilegal; 7 a proyectos relacionados con el agua y las represas y; finalmente, 4 víctimas se manifestaron en contra de otras actividades. Brasil, con 49 muertos, y Colombia, con 37, ocupan los dos primeros puestos en la lista de los países más afectados por las muertes de los defensores o activistas ambientales. Les siguen Filipinas con 28; India con 16; Honduras con 14; Nicaragua con 11; la República Democrática del Congo y Bangladesh con 10 cada uno; 6 en Guatemala; Irán y México con 3 en cada país; Myanmar, Perú y Sudáfrica coinciden con 2; y Camerún, China, Irlanda, Malasia, Pakistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam y Zimbabue que suman 1 defensor ambiental muerto por cada país. El informe señala, además, que 40% de los asesinados han sido miembros de pueblos indígenas.

En agosto de 2017 se celebró en Buenos Aires, la séptima reunión del Consejo de Negociación del instrumento regional sobre el Principio 10 en el seno de la CEPAL. El Principio 10 corresponde al décimo precepto de la Declaración de Río de 1992 que dispone: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Imagen: Eric Gafner (11 años)

Un aspecto muy importante que se discutió en dicha reunión fue la necesidad de reforzar la protección de los defensores ambientales en la región, además de que se analizó el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de la cooperación regional en materia de participación.

Los antecedentes de esta negociación se encuentran en la firma de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el ámbito regional americano, que se realizó en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). En ella los países signatarios se comprometieron a elaborar e implementar un plan de acción hasta 2014, con el apoyo de la CEPAL como secretaría del proceso, para avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento para asegurar la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Resultado de la reunión del pasado agosto fue la redacción del articulado referido a los pilares de acceso a la información y de participación y la aprobación de la séptima versión del acuerdo que comprende 25 artículos y que contó con la firma de 24 Estados de la región, entre ellos Colombia.

Aparte de la necesidad de adoptar medidas en todos los niveles para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de los defensores ambientales, es imprescindible que el documento que se está negociando y que, de aprobarse, tendría fuerza jurídica vinculante, dedique un espacio a la protección de la vida de las personas que, ejerciendo el derecho a la participación, luchan por la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Ellos defienden, en últimas, no solo su medio ambiente, sino el de todos y es intolerable que el precio de ese ejercicio sea la propia vida.

 

 

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