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Claudia Gafner-Rojas

Derecho ambiental - Derechos humanos

Futuro incierto de las consultas populares ambientales en Colombia

¿Qué se dice sobre esto en el debate electoral?



9 de marzo de 2018

A propósito de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo de este año en Colombia, uno de los temas más relevantes para el debate electoral es el futuro de las consultas populares relacionadas con los proyectos de la industria extractiva (hidrocarburos y minería). Estas son un expresión de la democracia participativa, que buscan involucrar a de la sociedad civil para incidir en los asuntos de interés publico. Conviene recordar que en el plano internacional la participación ciudadana ocupa un lugar destacado y se refleja en instrumentos internacionales como el principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y en el ámbito europeo en el Convenio de Aarhus de 1998, adoptado en el seno del UNECE y del que forman parte 46 Estados y la Unión Europea.


En Colombia, a 2018, se han generado 91 consultas populares en Colombia, siendo Antioquia el departamento con el mayor número de estas iniciativas democráticas (25). Cada una de ellas se encuentra en etapas distintas, unas ya concluidas, otras en proceso y algunas suspendidas. Será muy importante la posición que asuma cada uno de los candidatos presidenciales al respecto, pues este es el conflicto de justicia ambiental más recurrente en el territorio nacional y que más impactos viene generando en la economía, sociedad, política y comercio exterior. Con todo, a la fecha no se conoce ningún pronunciamiento concreto por parte de los candidatos al respecto.


Las pretensiones de las comunidades promotoras de este mecanismo de participación ciudadana se vinculan naturalmente con la justicia ambiental, en la medida en que ésta comprende los derechos procedimentales de acceso a información, participación ciudadana y acceso a la justicia. Por lo tanto, el aumento exponencial de las consultas populares que se observa en el país obedece a un problema jurídico estructural que está pendiente de ser resuelto por el poder público colombiano (rama ejecutiva y rama legislativa) y que tiene que ver con la falta de garantías, procedimientos e institucionalidad idónea para el ejercicio de los derechos ambientales de carácter procedimental (información, participación y acceso a la justicia) respecto de los proyectos extractivos.

Imagen y puesta en escena: Eric (11) e Isabella Gafner (10)


Esta situación genera tensión social y ha dado lugar a que la comunidad civil se involucre significativamente en el desarrollo de proyectos extractivos, logrando en muchos casos frenar actividades industriales, tal como ha sucedido en Piedras (Tolima), Cajamarca (Tolima), Pijao (Quindío), Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Tauramena (Casanare), y otros municipios que le han dado el «no» rotundo a la industria extractiva. Las experiencias son variadas y heterogéneas, exitosas y de fracaso (dependiendo de la perspectiva de los interesados). Sea como sea, no hay duda de que representan un avance hacia la democratización. En cualquier caso el punto de debate no debería girar en torno a posiciones antagónicas «pro mineras» o «anti mineras», que resultan un poco anacrónicas y alejadas de los mandatos constitucionales y que incluso generan bloqueos institucionales.


Un caso particular que se puede evocar aquí es el del municipio de Monterrey (Casanare), que ha sido objeto de análisis jurídico y que aporta elementos a la discusión. La consulta popular en este caso fue convocada por el alcalde del municipio y un comité promotor. Se surtió todo el procedimiento establecido en la Constitución Política (art. 104) y el marco legal (arts. 50 a 57 Ley 134 de 1994). Estaba previsto que se llevaría a cabo el 27 de abril del 2014, pero fue suspendida por la Sentencia del 12 de mayo del 2014 del Consejo de Estado, en la que se resolvía una acción de tutela interpuesta por Ecopetrol alegando violación al debido proceso. El alto tribunal consideró que el objeto de la consulta no era competencia del municipio, en tanto el subsuelo es de propiedad de la Nación y en la exploración y explotación de minería e hidrocarburos están comprometidas entidades del orden nacional. Al lado de esta decisión judicial, también hubo una intervención de la Procuraduría General de la Nación en la que consideraba que había extra limitación de funciones del alcalde al convocar una consulta sobre un asunto que no es competencia de este ente territorial.


Este caso ha puesto en evidencia algunos de los obstáculos que enfrentan las consultas populares en el país y que provocan su suspensión o conclusión. El panorama, por tanto, resulta poco alentador para resolver el conflicto entre comunidades e industria extractiva, pues no existen soluciones claras para el problema jurídico. Es aquí donde será determinante la postura del futuro presidente de la República pues la solución debe ser integral, jurídica y oportuna para las dos partes en conflicto. Mientras esto sucede, el Gobierno viene ofreciendo soluciones de otro tipo, un poco más blandas e informales dirigidas por el Ministerio de Minas y Energía a través de programas como Avanza y Alianzas para la prosperidad, los cuales tienen como objetivo propiciar el diálogo entre ciudadanía, entidades territoriales, gobierno nacional y empresas para discutir los impactos de las actividades extractivas y las alternativas para el manejo social y ambiental de los mismos.


Lo que queda claro es que la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana busca, en principio, defender los territorios de los impactos que genera la industria extractiva y reclaman el ejercicio del derecho al acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. Estas pretensiones ciudadanas exigen, así, espacio y diálogo con la industria extractiva. Sin embargo, puede suceder que se genere una especie de efecto dominó convocando consultas populares de forma masiva. Solo por mencionar algunas posibles situaciones, ¿qué pasaría con una consulta popular para detener el funcionamiento de un relleno sanitario como doña Juana o para impedir la construcción de una central hidroeléctrica como El Quimbo o para detener la delimitación de páramos que se vienen realizando en el país? Este es un problema estructural, que el próximo Gobierno tendrá que enfrentar en sus políticas, diseñando en el marco de sus competencias mecanismos que permitan el acceso a la información y participación ciudadana y, en su caso, a la justicia ambiental.

Imagen y puesta en escena: Eric (11) e Isabella Gafner (10)


Finalmente, vale la pena reflexionar acerca de la necesidad de superar la polarización que han generado las consultas populares en el país y que se manifiesta en expresiones extremas que se escuchan cotidianamente como «la economía extractiva es una especie de muerte a crédito» o «sin minería no hay desarrollo». Estas posiciones ni aportan al debate ni contribuyen a encontrar soluciones jurídicas apropiadas al conflicto. En realidad la discusión debe buscar consensos democráticos que hagan compatibles los intereses encontrados y favorezcan la reglamentación clara, expresa e integral de los derechos procedimentales a la justicia ambiental: información, participación y acceso a la justicia.



Luis Felipe Guzmán Jiménez

Candidato a Doctor en Derecho - Universidad Carlos III de Madrid


 

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